– Informe revela presunto favorecimiento en contratación de transporte y perjuicio al derecho al voto de más de 55 mil electores en Lima Metropolitana
La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, incluido el exjefe de la entidad, por una serie de irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizadas el 12 de abril, que afectaron el derecho al sufragio de 55 261 electores en Lima Metropolitana.
De acuerdo con el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral elaboraron términos de referencia para contratar el servicio de transporte de carga sin precisar la cantidad real de vehículos requeridos para el traslado de material y equipos informáticos electorales.
La investigación también detectó que evaluadores de la ONPE aplicaron criterios no establecidos en las bases del proceso para reducir el puntaje de uno de los postores, favoreciendo así a la empresa ganadora, que obtuvo la buena pro por más de S/ 6.3 millones pese a presentar una propuesta económica superior.
Según el informe, los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis vehículos ofertados por el postor ganador, lo que permitió otorgarle un puntaje indebido.
Además, se evidenció que la empresa ejecutó el servicio principalmente con unidades de terceros, utilizando solo el 8 % de vehículos propios.
La Contraloría concluyó que estas acciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública y favorecieron indebidamente al proveedor contratado para el despliegue y repliegue del material electoral en Lima Metropolitana y Callao.
Retrasos en distribución electoral
El informe también señala que funcionarios de distintas áreas de la ONPE autorizaron el traslado de equipos informáticos destinados inicialmente a jornadas de capacitación para utilizarlos como contingencia en las elecciones, sin adoptar medidas que garantizaran la cobertura total de equipos necesarios.
Asimismo, el 11 de abril de 2026 se reprogramaron 43 rutas de distribución que comprendían 553 locales de votación y más de 8 mil mesas de sufragio, estableciendo tiempos de entrega de entre tres y cuatro horas, cuando se requerían al menos ocho horas para cumplir adecuadamente con el cronograma electoral.
Como consecuencia, 3605 mesas de sufragio recibieron tardíamente el material electoral y 187 no llegaron a instalarse el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando directamente el derecho al voto de 55 261 ciudadanos.
ADICIONALES SIN SUSTENTO TÉCNICO
La Contraloría también advirtió que funcionarios de distintas gerencias aprobaron prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil derivadas del contrato principal de transporte, sin sustento técnico ni legal que justificara dichos incrementos.
Entre las observaciones figura el aumento del costo por kilogramo del servicio de repliegue de equipos informáticos, que pasó de S/ 0.60 a S/ 6.00, representando un incremento de 900 % respecto al contrato original.
Finalmente, la Contraloría recomendó a la ONPE iniciar las acciones administrativas correspondientes contra los funcionarios involucrados y exhortó a la Procuraduría Anticorrupción a promover las acciones penales respectivas. También pidió comunicar los hallazgos a la Junta Nacional de Justicia para las acciones que correspondan.