El Gobierno del presidente José María Balcázar declaro el estado de emergencia por un periodo de 60 días en 34 distritos ubicados en seis regiones del país, como parte de las acciones para fortalecer la lucha contra la criminalidad y reforzar el control migratorio y fronterizo.
Durante la vigencia de esta medida excepcional, se restringen algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.
Asimismo, se anunció la ejecución de patrullajes permanentes y aleatorios —tanto a pie como motorizados— en puntos estratégicos, incluyendo paraderos, zonas fronterizas (especialmente pasos no autorizados), infraestructura crítica e instituciones de servicios públicos.
Las regiones comprendidas en esta disposición son Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Piura, Ucayali y Puno, abarcando distritos como Tambopata, Inambari, El Cenepa, Lancones, Yurúa y Desaguadero, entre otros.
La medida busca recuperar el control del orden interno en zonas consideradas de alto riesgo, mediante una mayor presencia de las fuerzas del orden y acciones coordinadas del Estado.